Ciudades por el Comercio Justo: puentes entre Europa y América Latina

El movimiento por un comercio con justicia lleva ya siete décadas desde sus experiencias pioneras. En Europa ha conocido un rápido crecimiento, se ha profesionalizado e institucionalizado. Sus actores están trabajando cotidianamente en la comercialización, sensibilización e incidencia política. Para ello han fomentado el desarrollo de la campaña “Ciudades por el Comercio Justo”, a través de la cual las instituciones públicas locales se convierten en actores de desarrollo, fomentando y poniendo en práctica los principios del comercio justo también a través de las compras públicas solidarias. En América Latina y el Caribe, los productores llevan décadas protagonizando el primer anillo de esta cadena solidaria; sin embargo, ha llegado el momento que también en el Sur se construyan paulatinamente circuitos de comercialización solidaria, así como sucedió en Europa o Norteamérica. Para alcanzar este objetivo, las ciudades deberían convertirse en las bisagras entre los productores y los ciudadanos-consumidores. La idea de este artículo es que la campaña “Ciudades por el Comercio Justo” puede representar una herramienta importante para fomentar el comercio justo en América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, para estrechar nuevos vínculos entre las ciudades de los dos continentes.

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El comercio justo es política

En 2009, las dos redes globales de comercio justo internacional, World Fair Trade Organization y Fairtrade Internacional, firmaron la “Carta de los principios del comercio justo” donde se afirma que el comercio justo es una “una respuesta al fracaso del comercio convencional para proveer de modos de vida sostenible y oportunidades de desarrollo”. Sin embargo, no se explica de qué tipo de respuesta estamos hablando. 

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Contando con los pequeños productores

Algunos de los principios fundamentales del comercio justo, que se presentan al consumidor a la hora de explicar la razón de ser de este movimiento socio-económico internacional, son: el establecimiento de un precio mínimo justo, bajo del cual no se pueden hacer contratos de comercio justo; la transparencia hacia el consumidor, comunicando claramente desde qué organización proviene un producto y, por tanto, la trazabilidad del producto; la relación comercial de largo plazo entre el productor y el comprador; ser parte del movimiento más amplio por la Economía Solidaria.

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